por Fernando Straface y Ana María Mustapic

La adopción de la boleta única debería ser una de las prioridades de la reforma política. Sin embargo, no lo es. La razón debe buscarse en el contexto dentro del cual se planteó su introducción: evitar el robo de boletas. Esto sucedió en las elecciones de 2007. Este año casi no hubo quejas. Alejado, entonces, el riesgo del “fraude”, la demanda por la boleta única perdió fuerza. Ese encuadre es insuficiente. Hay una razón sustantiva para reclamar la boleta única: garantizar el derecho a elegir y ser elegido. El manejo estratégico de las boletas antes y durante el día de la elección no puede ser un elemento que beneficie a algunos partidos por sobre otros y perjudique a todos los ciudadanos.

En la normativa argentina, el diseño, la impresión y la distribución de las boletas se encuentran hoy en manos de los partidos. Pero para distribuir las boletas los partidos deben contar con un importante contingente de fiscales. Y no todos los partidos están en condiciones de que las boletas lleguen a todas las mesas.

Puede suceder que electores que quisieran votar por determinado partido no pudieran hacerlo. Tampoco podrían hacerlo si no hubiera quién pudiera reponerlas en caso de sustracción. Las normas vigentes terminan consagrando la distribución desigual del derecho a elegir y ser elegido. Con la adopción de la boleta única el Estado pasa a ser el responsable de su diseño, impresión y distribución. De este modo, todas las opciones estarán al alcance del elector. Los partidos, más allá de los recursos con los que cuenten, tendrán sus listas en todos los lugares de votación. La boleta única garantiza el igual derecho a elegir y ser elegido.

Además, limita la posibilidad de comportamientos perversos y contribuye al fortalecimiento de los liderazgos partidarios frente a la actividad electoral impredecible de hoy. La introducción de la boleta única podría llegar a estabilizar la política de partidos.

Es positivo que se haya abierto el debate de una reforma. La boleta única puede convertirse en un elemento para aumentar el consenso: su implementación moderaría los riesgos de cooptación de las internas por parte de estructuras partidarias. La oposición podría encontrar en la boleta única una prenda de negociación. Sin la boleta única, la agenda estará incompleta.

Fernando Straface es director de Política y Gestión de Cippec; Ana María Mustapic es profesora de la Universidad Torcuato Di Tella y vicepresidenta del Consejo de Administración de Cippec.

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